La Cámara Federal de Rosario confirmó que el secuestro, tortura y asesinato del coronel fue contra la humanidad. El militar pasó 372 días como rehén de los terroristas del ERP entre agosto de 1974 y de 1975.
La decisión que fue tomada el jueves por los jueces Edgardo Bello, Liliana Arribillaga y Carlos Carrillo representa el final de una larga discusión entre el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y los querellantes, encabezados por el hijo del militar asesinado, que reclamaron la figura de "lesa humanidad" para investigar a los responsables del asesinato.
Según informó en su edición de hoy el diario La Nación, el militar fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en la fábrica militar de Villa María, Córdoba, y pasó 372 días en una cárcel del pueblo para posteriormente ser asesinado por el ERP. Su cadáver apareció en Rosario el 23 de agosto de 1975.
La autoría del secuestro del militar fue confirmada por la propia agrupación guerrillera en diversos documentos y artículos periodísticos que fueron difundidos en aquellos años en la Argentina.
Representado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, el hijo del militar Arturo Larrabure se había presentado en febrero de 2007 ante la Justicia para reclamar se investigara el secuestro y asesinato de su padre y se caratulara el expediente como "crimen de lesa humanidad", ya que consideraba que había sido cometido como parte de un "ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas" que operaron en la década del '70.
Más tarde, el fiscal general Claudio Palacín firmó el dictamen aceptando esa figura penal, pero el procurador general Esteban Righi planteó la nulidad de esa medida.
Tras ello, Larrabure se dirigió a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que varios meses después confirmó lo dispuesto por el fiscal Palacín e instruyó al juez a investigar bajo esa figura penal el asesinato del militar.
El expediente, entonces, regresará al Juzgado Federal N° 4 de Rosario para poder comenzar con la investigación, y tratar de identificar y sentenciar a los responsables del secuestro y asesinato del militar. Pero deberá pasar un primer filtro: que el fiscal requiera se investigue el secuestro.
En su dictamen, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo una advertencia a la actitud de los fiscales. "Resultan preocupantes las sucesivas y constantes articulaciones de revocatoria o nulidad de los fiscales intervinientes, que no se compadecen plenamente con la defensa de la legalidad ni de los derechos de partes y que, sin duda, han provocado desgaste jurisdiccional, que debe ser evitado no sólo en beneficio de la labor de los jueces y fiscales, sino en aras de los intereses generales de la sociedad", según publicó el diario La Nación.
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