La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que grava con impuestos internos y duplica el IVA para los productos electrónicos importados, y beneficia a los fabricantes de Tierra del Fuego, tras aceptar las modificaciones realizadas por el Senado.
Según advertencias de importadores y comerciantes, la consecuencia sería un aumento de precios de hasta un 35%.
En un trámite formal y sin que mediaran discursos, los diputados aprobaron por 126 votos positivos, 7 negativos y 54 abstenciones el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. El Senado había aprobado el proyecto el 22 de octubre.
En concreto, la iniciativa oficial elimina la exención de impuestos internos (26%) y duplica el IVA (del 10,5 al 21%) a un listado de productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen o ensamblen en Tierra del Fuego, entre ellos, celulares, cámaras de fotos digitales y de video, equipos de GPS, monitores, heladeras y congeladores, calentadores y estufas eléctricas, televisores y microondas.
Satisfacción oficial. La ministra de Industria, Débora Giorgi, manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto. "Esta ley marca el renacer tecnológico de nuestro país, se acaba de aprobar una herramienta fundamental para la creación de trabajo argentino, la sustitución de las importaciones y la generación de valor agregado", sostuvo Giorgi.
A través de un comunicado, agregó que "es un instrumento que profundiza el proceso de reindustrialización de la Argentina que se viene registrando en los últimos años". Y señaló que "es incomprensible que en un país que tiene 40 millones de aparatos de telefonía móvil, el segundo en cantidad de usuarios de América Latina, no tenga la capacidad de producirlos localmente".
Giorgi aclaró que la flamante ley no pone impuestos a las PC de escritorio, a las notebook y ni a las netbooks.
En defensa de la ley impulsada por el oficialismo, la titular de la cartera de Industria aseguró que las cámaras empresarias estiman que con la vigencia de la ley se generarán 3400 puestos de trabajo en la isla y 300 millones de dólares de inversión.
El año pasado, se justificó en el comunicado, salieron del país 1300 millones de dólares por importación de celulares, y si se toma la totalidad de productos electrónicos involucrados en la ley, la cifra llega a los 2300 millones.
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Los distintos puntos de vista. Importadores y fabricantes que no operan en suelo fueguino se opusieron fuertemente a la medida y advirtieron que encarecerá los precios entre un 30% y un 35% .
Antes de la sanción, Norberto Capellán, presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), había asegurado que, de aprobarse, se encarecerían hasta un 30% los productos porque el impuesto se trasladará automáticamente al consumidor.
También habían hablado de subas en la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica, donde precisaron que el proyecto provocaría alzas del 20% en cámaras digitales, además de achicar el mercado y fomentar el contrabando.
En el camino a ser ley, la iniciativa se topó con diversas trabas. Además de estas voces, hubo polémica en torno de la inclusión de acondicionadores de aire, por el presunto beneficio que hubiera significado para la empresa BGH.
Esta fue la modificación aprobada por el Senado sobre lo que se había incorporado en Diputados y que había despertado las sospechas. La propuesta había surgido del titular de la comisión de Presupuesto de Diputados, el kirchnerista santafesino Gustavo Marconato.
Por otra parte, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que agrupa a las empresas de Tierra del Fuego, celebró la iniciativa y proyectó "un aumento de 1200 personas ocupadas en forma directa y unas 4000 en forma indirecta".
Economistas consultados por lanacion.com habían indicado que el impuesto es regresivo y había atribuido la iniciativa al afán recaudador del Gobierno, a la necesidad de quitar presión al dólar en el mercado de divisas, evitando la salida de dólares en importaciones, y a la creación de una traba proteccionista, a tono con la justificación del Gobierno para el proyecto.
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